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Tránsfugas

El transfuguismo implica una alteración o falseamiento de  la representación política, en cuanto actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron  con sus votos. Con tal inspiración, dice el TS,  el artículo 73.3.3º de la LRBRL disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito,  por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos  beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de  concejal. Así el citado precepto toma como término de contraste los que ostentaba el concejal cuando estaba  integrado en un grupo político y que abandona, de forma que tras ese abandono y consiguiente pase a la  condición de concejal no adscrito no puede aumentarlos como contraprestación.   Queda excluida de esta limitación la incorporación a las comisiones informativas.  De igual manera, interpreta el TS el  alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la

Baja médica de funcionario en situación de suspensión de funciones.

Declara el TS que no es posible otorgar la licencia por enfermedad al funcionario que se encuentra en situación administrativa de suspensión de funciones, por corresponder a una situación administrativa, la de servicio activo, en la que no se encuentra el mismo al estar suspendido de funciones por la aplicación de una medida cautelar en un procedimiento disciplinario. Ver sentencia.

Municipios de gran población: Nulidad del Acuerdo de Junta de Gobierno Local por corresponder la potestad reglamentaria al Pleno.

Tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si, en los municipios de gran población, cuando estamos ante una materia regulada reglamentariamente que venga atribuida a un órgano distinto al pleno, esta atribución competencial persiste o, por el contrario, solamente le corresponde cuando la regulación se refiera a materias en las que el propio pleno ostente competencias. Más en concreto: Se plantea si respecto de materias que sean competencia de la Junta de Gobierno Local, este órgano asume también la competencia de su regulación reglamentaria al no tener atribuido el Pleno competencia sobre esas materias; o por el contrario, si el Pleno ejerce su potestad reglamentaria sobre todas las materias, aun cuando la competencia ejecutiva y administrativa sea de los órganos de gobierno, en este caso, de la Junta de Gobierno Local. El Tribunal Supremo concluye que  en los municipios de gran población, el Pleno configurado como órgano de máxima representación p