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Jubilación Forzosa y denegación de prolongación del servicio activo

La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es el contenido del deber de motivación de la resolución de jubilación forzosa, en particular, si esa motivación puede estar basada en la aportación concreta del funcionario al servicio público prestado y la consecución de los fines encomendados o habrá de ser necesariamente objetiva, y si, en su caso, es necesario seguir el procedimiento para dirimir y depurar las conductas que se le imputen. El Tribunal Supremo estima que la motivación de la decisión de la Administración respecto a la solicitud de un funcionario público sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo, ex art. 67.3 EBEP , que deberá ajustarse a las previsiones al respecto de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, no está limitada necesariamente a razones de índole estrictamente organizativa, estructural o de planificación de recursos humanos

Indemnización por extinción válida de contrato temporal

Según el Tribunal Supremo en los contratos de obra o servicio y de interinidad, no procede el abono de la indemnización prevista en el artículo 53.1.b) ET, ni la aplicación de la doctrina del TJUE (De Diego Porras I, C-596/14), sino la del art. 49.1.c) ET salvo para el contrato de interinidad que no admite indemnización. En particular, para el contrato de interinidad niega que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad, no sólo la que calcula la sentencia con arreglo a los 20 días del despido objetivo, sino, incluso, con arreglo a los 12 días que el art. 49.1 c) ET fija para los contratos para obra o servicio y acumulación de tareas. Nos resta añadir que, por más que "a priori" pudiera parecer exenta de justificación la diferencia entre unos y otros trabajadores temporales, lo cierto es que la distinta solución de nuestra norma legal obedece a la voluntad del legislador de destacar una situación no idéntica a las otras dos modalidades c

Límites del derecho de información de los representantes sindicales.

La cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si es contrario al derecho fundamental de la libertad sindical (art. 28.1 CE) denegar por razón de la normativa sobre protección de datos, información sobre nombramientos estatutarios de personal facultativo, especificando el tipo y fecha de inicio de prestación del servicio e incluyendo tanto los nombramientos por "acumulo de tareas" como las sustituciones" y otras plazas "no estructurales". El Tribunal Supremo establece que: El derecho a la libertad sindical comprende, por tanto, el derecho de información para acceder a  documentación, en los términos expuestos en los citados artículos 40.1.a) del TR de la Ley del Estatuto Básico  del Empleado Público, y 10.3.1ª de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El reconocimiento del contenido, esencial y adicional, del expresado derecho fundamental, que hemos  señalado en el fundamento anterior, no está exento de lími